La Ley 1/2026, introduce un conjunto amplio de reformas que afectan al marco jurídico de la economía social y, de forma indirecta pero significativa, al conjunto de tejido empresarial, incluyendo empresas mercantiles, autónomos y entidades colaboradoras. Esta Ley actualiza y reforma diversas normas preexistentes y aunque no impone cargas directas significativas, sí transforma el entorno regulatorio y abre nuevas oportunidades.
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