La Ley 2/2023, de 20 de febrero, tiene por objeto otorgar una protección adecuada a las personas que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir algunas infracciones que la Ley 2/2023 recoge, tanto del derecho de la Unión Europea, como infracciones administrativas de carácter grave o muy grave y hechos delictivos.
Se trata de una transposición en nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva UE 2019/1937 (Directiva Whistleblowing), que pretende la implantación de un modelo normativo dentro de las organizaciones públicas o privadas, a través de un canal de comunicación para proteger a las personas empleadas o terceras personas que tengan alguna relación que denuncien e informen sobre comportamientos irregulares o delictivos, en el contexto laboral o profesional.
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